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Opinión |
 Editorial : Meter mano a la función pública
Aestas alturas no hay nadie que no esté de acuerdo en que la crisis económica -y su reconocimiento tardío- pilló por sorpresa al Gobierno de Zapatero, quien prosiguió con su dadivosidad social presupuestaria como si nada ocurriera hasta que la Unión Europea le conminó a reducir un déficit público que superó el 11% en 2009. Con desgarro interior, según sus propias declaraciones, Zapatero ya ha metido mano -timidamente, por el momento- a las grandes partidas del gasto público: las prestaciones sociales, las pensiones y el gasto de los funcionarios. Es previsible que los recortes emprendidos no sean suficientes para alcanzar en 2013 el objetivo de déficit público del 3% comprometido con la Unión Europea, de modo que el Gobierno tendrá que profundizar en el tijeretazo. Recortar prestaciones y cambiar el sistema de las pensiones requerirá probablemente una negociación entre partidos que llevará tiempo, de modo que parece razonable poner la Administración en el punto de mira para recortar aun más el gasto público. En este área, los expertos coinciden en gran medida en los pasos que deben darse para no demorar más una redefinición de las estructuras administrativas que las haga menos costosas y más eficientes y productivas, con el corolario del ahorro adicional en el gasto público. ¿Qué servicios hay que prestar y cuáles no? ¿Hay que instituir un sistema de agencias para optimizar la gestión? ¿Para cuándo la retribución variable? ¿Hay que acabar con el caracter de fijos de los empleos públicos? ¿Cómo se acaba con la brecha de productividad entre el sector privado y el público? Estas son tareas para el Observatorio creado por el Gobierno previas a un plan eficaz de reformas.
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