 Andrés Sánchez de Apellániz : Contra la recesión, más industria
presentaron una tasa trimestral del -0,2% en el periodo julio-septiembre de 2008, como consecuencia del fuerte descenso de la demanda interna -menor impulso del consumo final e importante el descenso de la formación bruta de capital fijo, más marcado en construcción que en bienes de equipo-.
En ese escenario, la producción industrial registró en septiembre de 2008 una caída del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior, con descensos en todos los índices de producción, energía, bienes de consumo duradero, de consumo no duradero, bienes de equipo y bienes intermedios.
En lo que se refiere a la actividad productiva del Metal, ésta descendió un 3,1% interanual en septiembre, acumulando un descenso del 2,4% en lo que va de año, con una mayoría de segmentos en cifras negativas. Ante esa evolución y al margen de la discusión política, la preocupante realidad es que desde el primer trimestre de 2007 la situación comenzó a empeorar lenta pero inexorablemente, y la crisis financiera global vino a agravar un panorama de deterioro que también ha contribuido a agudizar el desplome de un mercado inmobiliario sobredimensionado y con un fortísimo componente especulativo.
Pero el núcleo de todo el proceso de recesión en el que estamos inmersos no se refiere sólo a las dificultades financieras o el crash inmobiliario y, por lo tanto, es más grave y difícil de afrontar. En los últimos años, probablemente desde la huelga general de junio de 2002, nuestra economía no ha recibido el impulso de ninguna reforma estructural y su principal fuerza motora ha sido la inercia, lo que ha debilitado seriamente nuestra posición competitiva. La realidad de la recesión española se entiende mejor si se observa el modelo de crecimiento de los últimos años, basado en sectores que incorporan menos tecnología y formación y un mayor componente especulativo, es decir, la antítesis de la actividad industrial.
Cambiar ese modelo supondrá volver la vista hacia la industria e, inevitablemente, basar la actividad económica en la eficiencia de las empresas, la cualificación del personal, la mejora de la capacidad de ahorro, la inversión en I+D+i, el sostenimiento de la inversión en infraestructuras y el fomento de la iniciativa empresarial.
Si esos hubieran sido los objetivos de la política económica, las numerosas medidas tomadas hasta ahora contra el agravamiento de la situació hubieran sido muy diferentes, eficaces, permanentes, y enfocadas a mejorar la productividad y competitividad del conjunto de nuestra economía.
En el terreno de la economía productiva caben pocos inventos u ocurrencias, y la experiencia de los mercados más sólidos, basados en industrias competitivas e innovadoras, deberían servir de modelo para aplicar las reformas que la actual situación exige. Esas reformas deberían tender a realizar un mayor esfuerzo en I+D+i en productos y procesos, calidad y formación, mediante una legislación y un sistema fiscal que no penalicen esas inversiones productivas. En paralelo se han de reducir los gastos de las administraciones sin comprometer la inversión en infraestructuras.
En el terreno laboral son necesarias reformas para mejorar las relaciones laborales, así como la flexibilidad en lo que se refiere a contratación y movilidad funcional y geográfica. Además, se hacen imprescindibles la formación continua y la readaptación profesional. Asimismo, se ha de reducir la fiscalidad excesiva que, especialmente en el ámbito de la Seguridad Social, recae actualmente sobre las empresas perjudicando su competitividad; por último, es necesario reformar el impuesto de sociedades, acercando sus planteamientos al de los países con cuyas empresas no compiten ahora las españolas en igualdad de condiciones.
Se ha de limitar de la enorme dispersión de normativas medioambientales -europeas, nacionales, autonómicas y locales- que perjudica decisivamente la actividad económica y en buen número de casos tampoco favorece la protección ambiental. Esa dispersión es una faceta más del problema de la ruptura de la unidad de mercado, causada por el diseño y la estructura del Estado, que está favoreciendo la descoordinación entre las distintas administraciones y una excesiva regulación administrativa que complica la leal concurrencia de las empresas y perjudica su competitividad.
Tampoco es ajena la situación de la energía, con una gravísima dependencia exterior y una indefinición respecto a su futuro que limita las posibilidades de crecimiento de la industria, su actividad y su competitividad.
Por último, es necesario erradicar la actual cultura comercial permisiva, así como mejorar el actual sistema judicial, lento y costoso que fomenten la morosidad. Un problema que podría empezar a solucionarse con una Ley que establezca plazos máximos de pago, y, sobre todo, con una decidida acción de las administraciones para introducir un código ético y ejemplarizante de comportamiento que fomente el cumplimiento de las obligaciones de pago por el deudor.
Andrés Sánchez de Apellániz es secretario general de CONFEMETAL
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