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Opinión |
 Elena Gómez : Derecho a Internet
El ministro de Industria, Miguel Sebastián, anunció en el Foro Internacional de Contenidos Digitales (Ficod) que a partir de enero de 2011 el acceso a internet de banda ancha de un mega de velocidad será un «servicio universal de telecomunicaciones». Las reacciones no se han hecho esperar, y las manifestaciones de satisfacción entre los internautas se mezclan con diferentes muestras de descontento porque este ancho de banda es insuficiente para disfrutar plenamente de muchos servicios, como redes sociales o portales de vídeos. A esto se añade la disconformidad de las compañías de telecomunicaciones que actualmente operan en España, que temen que la puesta en marcha de la iniciativa repercuta directamente en su cuenta de resultados.
Más allá de esta controversia, las empresas que operan en el ámbito de la economía digital deben valorar como positiva esta noticia. El crecimiento que está viviendo la economía digital en los últimos años se va a ver afectado de forma directa por esta medida. El establecimiento de un ancho de banda mínimo supone una mayor calidad de acceso para los usuarios y un impulso al crecimiento en el número de internautas en nuestro país. Y no olvidemos que los internautas, al fin y al cabo, son el público objetivo de las más de 28.000 empresas españolas que de una forma o de otra centran su actividad en el ámbito de las TIC.
Sin embargo, y a pesar de que el anuncio puede parecer pionero, una vez más seguimos de lejos la estela de otros países europeos mucho más avanzados en la materia, como Reino Unido, que aspira a que todos los hogares británicos tengan una conexión de banda ancha de al menos dos megas en 2012. Y, mucho más allá, el Gobierno sueco, que se ha comprometido a proporcionar 100 megas de velocidad de acceso a internet al 90% de los hogares antes de que llegue el año 2020.
Pero, el principal obstáculo que está influyendo de forma decisiva en el crecimiento de los consumidores de la sociedad de la información en España es, sin duda, el coste de la línea ADSL, considerablemente más caro que la media europea, según lo ha confirmado un estudio de la propia Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT). Un dato que, aunque muchos no quieran reconocerlo, tiene como repercusión directa que la penetración de internet en los hogares se limite al 51%.
Estos últimos aspectos interfieren, lógicamente, en que el desarrollo de la economía digital en nuestro país no alcance los niveles deseados, y en que muchas empresas no se atrevan a dar un paso cualitativo y cuantitativo en su actividad incluyendo los canales digitales como parte de su estrategia de negocio.
Por este motivo, creo que es necesario no sólo un impulso por parte de la comunidad empresarial, sino un apoyo decisivo por parte de las Administraciones, con proyectos verdaderamente ambiciosos, que garanticen un ancho de banda de calidad, unos precios competitivos en los servicios de telecomunicaciones y un programa de promoción del uso de las nuevas tecnologías entre todos los estratos de la población.
Sólo así nuestras empresas serán competitivas en el entorno internacional, el comercio electrónico podrá convertirse en una firme alternativa al comercio tradicional, las empresas optimizarán la relación con sus clientes gracias a las posibilidades que ofrecen los canales digitales y, en definitiva, podremos integrarnos plenamente en lo que ya se configura como el escenario futuro al que estamos abocados, un verdadero mercado global. Y
Elena Gómez, presidenta de la Federación Española de Economía Digital
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