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Opinión |
 Leopoldo Pons : Recaudación
La economía española se incorporó de forma definitiva al mundo moderno de la mano de una reforma tributaria, la de 1977, conocida como la reforma de Fernández Ordóñez. En aquella ocasión se barajaron tres variables relevantes a tener en cuenta: el objetivo de la justicia tributaria a partir del principio de la progresividad en la imposición directa, el objetivo de la eficiencia económica centrado en el principio de estabilización anticíclica de los impuestos y el objetivo de la suficiencia financiera del Estado apuntalado en el principio de la capacidad de recaudación del sistema.
En la práctica, y desde 1979 hasta 1995 el sistema tributario español ha conocido la implantación del IRPF y del IVA como ejes nucleares de los buscados objetivos enumerados, acompañándoles el Impuesto sobre Sociedades y los impuestos especiales en labores de complemento financiero y de política económica. Los años posteriores (1996-2008) han supuesto un cambio radical en los principios inspiradores de la tributación, tanto en el modelo español como en el resto de las economías desarrolladas. La fiscalidad se ha alejado de objetivos como la progresividad e incluso de la maximización de la capacidad de recaudación del sistema, buscando comportamientos de neutralidad en la asignación de los recursos en los mercados como referentes prioritarios. El crecimiento económico sostenido del periodo mencionado ha asegurado sin embargo políticas sostenidas de reducción de impuestos, con crecimientos también sostenidos de la recaudación impositiva española. Ello ha conllevado una reducción importante del endeudamiento hasta 2007 y una contención también significativa de la presión fiscal.
La profunda crisis económica en la que nos hallamos inmersos, para el caso español desde mediados de 2008, ha conllevado un despliegue importantísimo en términos cuantitativos de políticas económicas de gasto público, la vuelta al 'keynesianismo' más profundo de toda la historia económica moderna, y además, una pérdida significativa de recaudación en impuestos tan relevantes como el de Sociedades o el propio IVA, sin mencionar las cuotas de la Seguridad Social.
Los dos factores unidos nos han devuelto a un escenario prácticamente olvidado de perentoria necesidad de encontrar fuentes de recaudación de carácter fiscal, y con ello un nuevo discurso de reforma tributaria basado de forma supuestamente legitimadora en la vuelta a la progresividad del IRPF, por la vía del incremento de los tipos de gravamen en los tramos altos del tributo. Y ya en la zona práctica, de procurar ingresos con la eliminación de determinadas deducciones a la vivienda y la revisión de la controvertida medida de los 400 euros implantada el año pasado, todo ello aderezado con el incremento de los impuestos especiales y con el anuncio de contención en medidas de política económica que tengan que ver con la pérdida de recaudación en el Impuesto sobre Sociedades.
Alternativamente, las voces más críticas a este planteamiento general proponen, por un lado, una revisión en profundidad de los costes de la Seguridad Social, impuesto directo donde los haya, con reducción de las cuotas de la cotización a la misma, una mejora en la fiscalidad de la actividad económica, ubicada en el Impuesto sobre Sociedades, una contención inmediata del déficit público y su correlato de la deuda, y, eso si, como medida de ajuste y compensación necesaria, una subida de los tipos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
Como vemos, dos enfoques claramente diferentes que responden a una visión general de la política económica también diferente y que tendrá importantes rifirrafes en el próximo otoño cuando todo ello tenga que discutirse en el contexto de la aprobación de los presupuestos generales del estado para 2010.
No es posible, en cualquier caso, volver a los paradigmas tributarios de los años sesenta que tan buena acogida tuvieron en la economía española de la transición y de los años ochenta y primeros noventa. No parece razonable volver a creer que los impuestos están llamados a funciones de redistribución de la Renta o la riqueza, y que ello además va a ser eficiente con políticas generales de equidad real, de eficiencia y de neutralidad en la asignación de los recursos de las economías de estos inicios del siglo XXI. Por el contrario, la experiencia de los últimos 30 años ha demostrado que tanto por las políticas competitivas de unos países con otros como por las limitaciones técnicas que líos impuestos tienen, los mismos rara vez cumplen objetivos que no sean los de la recaudación, y esto último dependiendo de qué impuestos estemos hablando.
Sirvan para terminar de referencia los datos recientes de Eurostat, que nos dicen que la economía española ha perdido competitividad respecto del resto de la Unión y que en estas pérdidas mucho tiene que ver el que el Impuesto sobre Sociedades esté claramente por encima de la media del resto, y también, que las cuotas de la Seguridad Social españolas representen un coste directo y a priori también siempre en términos comparativos muy por encima de los países de referencia europeos.
Leopoldo Pons es decano del Colegio de Economistas de Valencia
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