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Opinión |
 Diego Cabezuela : Empresarios y profesionales
España continúa en los puestos de cabeza de la UE en cifras de siniestralidad laboral. Esta realidad es incontestable y supone un coste humano y social inasumible. Aunque actualmente se aprecia una reducción del número de accidentes, este descenso es sólo aparente, teniendo en cuenta el fuerte descenso de la actividad económica y, especialmente, de la construcción. La búsqueda de soluciones a este estado de cosas ha llevado en los últimos años a una cierta simplificación, que se traduce en culpar en exclusiva al empresario o a sus directivos o técnicos y aumentar permanentemente la presión sobre ellos.
Esta especie de juicio previo ha invadido la Administración de Justicia, introduciendo en los procesos judiciales contra empresarios o técnicos una intensa carga mediática que impide el enjuiciamiento sereno de los hechos. Sin embargo, las cifras están ahí, la situación no mejora y creemos que esto merece una reflexión: ¿es ésta la dirección correcta o hay otras causas que no están siendo debidamente abordadas, u otros agentes sociales que debieran implicarse mejor en la búsqueda de soluciones?
Cualquier análisis de este tipo, hecho desde el lado empresarial, debe comenzar con el reconocimiento de que los fallos o negligencias que dan lugar a los accidentes parten en muchos casos de la empresa; y de que ésta es, por supuesto, la responsable de organizar y controlar la seguridad, de formar e informar adecuadamente a sus empleados y de dotarles de los medios materiales, individuales o colectivos, para su protección. Cualquier incumplimiento en este sentido debe ser corregido y sancionado, aunque entendemos que con proporcionalidad y reservando la vía penal para los casos más graves.
Sin embargo, la seguridad como objetivo es inalcanzable sin la colaboración de otros agentes sociales o del propio poder político. La siniestralidad no es solo atribuible a un grupo de empresarios descuidados o negligentes, sino que en ella intervienen otros factores diversos, cuya eliminación es tarea de todos.
El primer factor seguramente sea la carencia en nuestro país de una auténtica cultura de prevención, o de una conciencia colectiva capaz de impregnar del concepto de seguridad a directivos, técnicos, empleados y a la propia concepción de cualquier proyecto empresarial. En este sentido los cambios legislativos de los últimos años, tendentes a integrar la prevención en la gestión misma de la empresa van, sin duda, en la dirección adecuada, pero la asimilación plena de esta filosofía por el mundo del trabajo difícilmente va a poder ser instantánea.
En segundo lugar, las subcontratas, especialmente en el sector de la construcción, han venido siendo tradicionalmente un colectivo fuertemente golpeado por la siniestralidad, al abundar en el mercado las empresas de escaso tamaño y sin capacidad real de organización. En este sentido hay que aplaudir la publicación en 2006 de la Ley de la Subcontratación, que endureció las exigencias en materia de seguridad para que estas empresas puedan continuar en el mercado. Ello ha producido ya una cierta purga de las de menor estructura y una mejora en las condiciones de la seguridad en las que han sido capaces de adaptarse.
La inmigración es también un factor a tener en cuenta. Las diferencias culturales y a veces el desconocimiento del idioma por algunos trabajadores extranjeros (en muchas obras de construcción coexisten hasta cuatro o cinco idiomas diferentes, incluidos algunos tan poco asequibles como el chino, el búlgaro, etc) crean un problema muy difícil de resolver. Decir que el empresario tiene que formar a sus trabajadores está bien como principio general pero hay que ser conscientes de que la protección plena de estos colectivos está íntimamente ligada a su integración social, y ésta es una responsabilidad de todos, incluyendo a la Administración y los sindicatos.
Por cierto, que la mejora de la colaboración de los sindicatos nos parece también imprescindible. Su meritoria aportación en materia de vigilancia y control de los incumplimientos empresariales bien pudiera extenderse a otros aspectos no menos importantes. Por poner un ejemplo, los intentos de la parte empresarial de implementar controles de alcoholemia en las obras de construcción (aun reconociendo la existencia de alguna dificultad jurídica por su proximidad a los derechos personales el trabajador) debieran contar no sólo con el respaldo de los sindicatos, sino con su colaboración decidida, en cuanto lo que está en juego es precisamente la seguridad de aquellos a quienes representan. Sin embargo no es así. Representantes empresariales denuncian la presencia, no ya de alcohol sino de droga en las obras de construcción, sin que existan instrumentos legales eficaces para atajarlo.
En definitiva, el problema debe acometerse con realismo y sin demagogia. Es urgente devolver la seguridad jurídica al empresario y a los técnicos comprometidos con él en la seguridad de todos, buscando alternativas a las vías puramente represivas. Nuestro Observatorio va a trabajar por que así sea. Las cifras que se acumulan cada año muestran claramente que estamos andando un camino equivocado.
Diego Cabezuela Sancho es Presidente del Observatorio de Siniestralidad Laboral
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