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Opinión |
 Rafael Achaerandio : La tecnología es la oportunidad
Ya tenemos el mayor déficit público desde 1996. Según los datos ofrecidos por la Secretaría de Estado de Hacienda, las cuentas públicas cierran 2008 con un déficit del 3,8% del PIB. Esta cifra supone un déficit de 41.874 millones de euros, con el añadido de que representa un deterioro histórico: en un sólo año, la economía española ha pasado de un superávit del 2,2% a un déficit de casi el 4%. O sea, sies puntos de diferencia en sólo un ejercicio.
Evidentemente, el motivo ya lo sabemos todos. La crisis galopante en la que estamos inmersos nosotros y el resto de economías ha obligado al Estado a echar mano de los ahorros a unas velocidades desconocidas durante la última década. A ésto debemos añadirle algunas discutibles decisiones de Rodríguez Zapatero (en contra del criterio de su vicepresidente y titular de Economía, Pedro Solbes) como la rebaja de 400 euros en el IRPF que ha supondrá, cuando se presenten las declaraciones de la renta, un coste de 6.000 millones de euros. Más gasto: los casi 1.100 millones del llamado 'cheque bebé' o los 8.120 millones que el Estado ha dejado de ingresar gracias a la rebaja fiscal aplicada a las empresas.
El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, ante esta evidencia de falta de recursos de cara al ejercicio próximo, ya ha adelantado que una posible solución será subir los impuestos especiales como, por ejemplo, el que grava los hidrocarburos. Los impuestos generalistas (IRPF o IVA) no parece que el Gobierno quiera tocarlos.
De materializarse el rumor, sería una pésima noticia para las empresas que, lejos de ver cómo disminuyen los impuestos que gravan su actividad (como la demandada rebaja del Impuesto de Sociedades), van a ver cómo aumenta el precio de materias primas que utilizan muchas industrias y no digamos autónomos o empresas de logística y transporte en su actividad diaria.
Si el Estado necesita más recursos (Ocaña insite en que, con los 25.700 millones de euros de impulso fiscal que el Gobierno pondrá sobre la mesa en 2009 ya no más margen presupuestario), debe esmerarse en reducir el gasto público a través de las diferentes administración del Estado y no a través de la subida de impuestos.
Porque, de hecho, aunque todas las administraciones han registrado déficit (salvo la Seguridad Social), es el Estado central, y sus organismos autónomos, quién ha registrado un mayor déficit en sus cuentas, exactamente 30.047 millones de euros. Las comunidades autónomas, por su parte, registran un déficit de 15.848 millones de euros y los ayuntamientos y corporaciones locales, 4.298 millones en números rojos.
Salta a la vista que quien tiene que ganar en eficiencia y optimizar recursos económicos no son las empresas y la ciudadanía sino las administraciones públicas.
Rafael Achaerandio es responsable de análisis de IDC España
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