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 Y ahora... los funcionarios
 F.R.
MADRID. La crisis disparó el gasto público en España hasta el récord histórico del 46,1% del PIB y el déficit público al 11,4% en 2009. Pero el Programa de Estabilidad comprometido con la Unión Europea para los años 2009 a 2013 obliga a reducir el déficit público hasta el 3% al final de este período.
El gasto de las administraciones públicas -y, en especial, la nómina de los funcionarios- está llamado a situarse en el punto de mira de los recortes, toda vez que las otras dos grandes partidas donde se puede ahorrar -las prestaciones sociales y las pensiones- ya han sufrido un primer tijeretazo.
La vicepresidenta del Gobierno, Maria Teresa Fernández de la Vega, ha tomado el timón del adelgazamiento del gasto administrativo sumando al anunciado recorte de los sueldos de los funcionarios entre el 0,56% y el 5%, la reducción al 10% de la tasa de reposición de las plantillas hasta el 2013 -medida de la que espera un ahorro de 300 millones de euros al año-, y la amortización de 100 subdirecciones generales para ahorrar otros 8 millones, además de la desaparición de algunas fundaciones estatales y la eliminación de algunos puestos de consejeros en las empresas públicas.
Se trata de ahorros modestos, si se tiene en cuenta que hay más de 2,5 millones de funcionarios y que el gasto en nóminas multiplica en varias decenas de veces las cifras de ahorro previstas.
La CEOE ha reaccionando al señalar que «se han dado unos primeros pasos, pero estos resultan insuficientes para abordar el fuerte déficit estructural que tiene el sector público español». La organización patronal entiende que se debe «conseguir la reducción del gasto público y aumentar su eficacia, especialmente, a través de la reducción del número de empleados públicos». Según la CEOE -que cree que el desbordamiento de la partida de gastos de personal se ha producido esencialmente en los últimos diez años y ha sido más intenso en las autonomías y los ayuntamientos-, «una propuesta óptima de reducción del gasto de personal público debería poner énfasis en la reducción del personal menos productivo y discriminar el recorte de las remuneraciones igualmente según la productividad dservicios públicos producidos».
En este sentido, según el Servicio de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), una de las mayores diferencias entre la estructura del gasto público español y el europeo es el porcentaje de recursos dedicados a la remuneración de los funcionarios. Mientras que en España esta partida recibe el 26,0% del gasto público, en la UE la media es del 22,8%, según datos de 2006. Esta disparidad no se debe a una remuneración más elevada, según el IEF, sino al aumento del número de contrataciones a lo largo de los últimos años, que no ha venido acompañado de un aumento en la productividad.
En 2007, el Círculo de Empresarios presentó un informe que evidenciaba que, entre 1980 y 2003, la productividad del sector privado creció un 49%, mientras que en el sector público lo hizo un 16%, que la productividad de las administraciones europeas era un 6% superior a la española, y que reducir ese diferencial de productividad significaría un ahorro para las finanzas públicas españolas de 32.000 millones de euros. En línea con otros analistas, el IEF ha propuesto aumentar un 25% la inversión en nuevas tecnologías en la Administración, mejorar el 25% el gasto en formación de los funcionarios y crear un verdadero sistema de retribución variable en la Administración. La restricción del gasto público en la Administración del Estado ha puesto en primer plano las reformas de esta organización previstas en el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible. Sólo falta la voluntad política para acometerlas. |
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