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 La reforma laboral avanza con menos focos y más acuerdos
 José Luis B. Benayas
MADRID. La convalidación definitiva de la reforma laboral podría producirse en la primera semana de septiembre. Una vez finalizado el plazo de presentación de enmiendas al Decreto que el Gobierno aprobó con el único voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista, las posibilidades de obtener un respaldo más amplio a la reforma aumentan.
El PSOE negocia con una mayoría de grupos, centrando especialmente su atención es las reivindicaciones de CiU y PNV. «El PP no sabremos que hará hasta el último momento», reconocen fuentes del gabinete que dirige el ministro Celestino Corbacho.
Pese a que Trabajo e Inmigración mantiene contactos con patronal y sindicatos, la pelota está ahora en el tejado de los grupos parlamentarios. El ministerio se muestra dispuesto a abordar modificaciones sobre el texto ya aprobado, siempre y cuando respeten «el espíritu equilibrado» del Decreto aprobado el pasado mes de junio. «Aquel texto fue fruto de un diálogo de ocho meses con los agentes sociales, y pese a que no recogimos cada una de sus demandas, se hizo un esfuerzo por dar cabida a las posiciones tanto de sindicatos como empresarios. Por eso ahora estamos dispuestos a negociar para mejorar, por supuesto, pero sin renunciar a ese espíritu equilibrado», manifiestan esas mismas fuentes.
Aún así, el Gobierno mantiene mucha discreción en torno a la posibilidad de llevar a cabo alguna modificación de entidad, pese a que la patronal empresarial CEOE insiste en rebajar las cotizaciones sociales o luchar con más ímpetu contra el absentismo, y los sindicatos se muestran contra el abaratamiento del despido. Ese silencio no sorprende, dado que el Ejecutivo se juega mucho de su crédito en la aprobación definitiva de la reforma laboral y en la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, donde el Gobierno también busca el apoyo de grupos como los de CiU y el PNV.
Entre los empresarios y al margen de la CEOE, está especialmente activa en la negociación la patronal de las pymes catalanas, Pimec, que ha pedido a los grupos parlamentarios que el despido objetivo tenga en cuenta causas como «el descenso en las ventas o la afectación en la liquidez de las empresas que pueda generar la morosidad o los impagos». |
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