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 'Los funcionarios no deben tener el puesto asegurado'
Fernando Rodríguez
MADRID. El Gobierno ha tomado las primeras medidas para reducir el gasto en la función pública. Organizaciones como la CEOE reclaman un tijeretazo más profundo en esta parcela, mientras que el ex ministro de Administraciones Púlbicas, Jordi Sevilla, asegura que se debería realizar una auditoría funcional de la Administración General del Estado para ver qué servicios se deben de prestar y cómo, y cuáles deberían aparcarse.
En el libro 'La Reforma de la Administración General del Estado' sostiene que uno de los objetivos a perseguir por el Gobierno en relación con la Administración es ahorrar costes, no sólo económicos, sino operativos. Y, además, que se mejore la eficacia de la gestión de la Administración General del Estado (AGE). ¿Hasta qué punto cumplen este objetivo las recientes actuaciones del Gobierno reduciendo sueldos, adelgazando el escalafón y congelando la oferta de empleo público?
Van en esa línea, pero creo que de manera insuficiente y todavía queda mucho por hacer en asuntos como centralizar compras, como la gestión integrada de los sistemas informáticos o la centralización de los recursos humanos de toda la Administración Pública. Sigue habiendo mucha autonomía ministerial y poca administración centralizada de recursos conjuntos. Hacerlo del modo en que propongo resultaría más eficaz y más barato.
¿Cuál es su opinión sobre la estructura actual de la AGE en términos de recursos humanos y materiales comprometidos, considerada aisladamente y en comparación con Europa: es suficiente, es excedentaria, es ajustada…?
No creo que sea un problema de tamaño. En términos comparativos tenemos incluso menos empleados públicos que otros países. El problema es decidir bien cuáles son las funciones de la Administracón General del Estado dentro del esquema del Estado Autonómico. Es decir, si los perfiles se adecuan o no a esas funciones, si los métodos de selección son los más adecuados y la necesidad de establecer a la par una carrera profesional y una evaluación del desempeño. Los empleados públicos tienen el trabajo asegurado pero no deben de tener el puesto de trabajo asegurado.
En general, el gasto atribuido al conjunto de las administraciones públicas viene a suponer alrededor de una cuarta parte del gasto público total. ¿Cuál cree que podría ser, como objetivo, una cantidad razonable de ahorro u optimización en esta partida y a qué plazo podría conseguirse?
Insisto, no me parece que el problema sea de cantidad, sino de eficiencia. Hay partes de la Administración, como la atención a la dependencia que claramente deben reforzarse y otras, donde todos somos conscientes que sobra personal. Hay que hacer una auditoría funcional de la Administración General del Estado y ver qué servicios son los que debe prestar y cómo, y cuáles a lo mejor ya no tiene sentido que siga haciéndolos. Prefiero una reforma de la AGE antes que un recorte lineal. Es decir, cambiar lo que hay, antes que, simplemente, hacerla más pequeña.
¿Qué le parece el Observatorio del Empleo Público que ha creado el Gobierno? ¿No cree que hace muchísimos años que se conoce la situación y necesidades de la función pública española como para no abordar ya un plan concreto y ambicioso de reducción de costes?
Me parece una magnifica idea crear el Observatorio. Le contaré una anécdota, cuando me nombraron ministro, pregunté cuantos funcionarios éramos y tardaron más de tres meses en contestarme porque no había mecanismos y procedimientos armonizados para contarlos. Saber qué estructura de empleo público tenemos y a qué se dedica y, compararlo con la que necesitamos y a lo que se debería de dedicar, es lo que nos debe de guiar en la reforma y no simplemente meter la tijera. La AGE es ya la más pequeña de las Administraciones Públicas españolas, la mayoría está en la periferia, la edad media es muy elevada y predominan los cuerpos medios y bajos. Esa es nuestra realidad si excluimos las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado.
En el libro que ha dirigido, concluye que la AGE no ha sabido adaptarse a los nuevos retos. Desde una óptica económica, ¿cuál cree que sería su estructura óptima?
Organizarla en función de objetivos de manera flexible con Ministerios como centros de decisión política y agencias como estructuras de gestión operativa con procedimientos de evaluación y control claros y objetivos. Tenemos que tener garantías de que lo que hace la AGE es lo que debe hacer y además lo hace de la mejor forma posible. Sin eso, todo nuestro Estado Autonómico renquea porque al organizarse en el Principio de un Estado, 17 Administraciones, más una, si falla ésta, la AGE, falla el conjunto.
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