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 La política fiscal impide el pacto político
 Nuria Ribas
MADRID. La propuesta que el Gobierno ha puesto sobre la mesa para consensuar un pacto de Estado contra la crisis ha aportado más de una sorpresa. Por un lado, la 'troika' dirigida por Elena Salgado, ministra de Economía, apuesta por la rehabilitación en el sector de la construcción como motor para crear, en dos años, 350.000 nuevos empleos.
No deja de ser paradójico que se vuelva a confiar en 'el ladrillo', tan denostado como uno de los causantes de la burbuja española, como medida estrella de las propuestas. Salgado matiza que no «estamos hablando de construcción especulativa sino de construcción sostenible». Las medidas se basan en potenciar la rehabilitación de edificios, «teniendo en cuenta que más de la mitad del parque inmobiliario tiene ya una antigüedad superior a los treinta años, las acciones apuestan por la rehabilitación de viviendas y edificios y se ven completadas por formas nuevas de financiación para la construcción de VPO», se lee en el documento presentado por el Gobierno.
En este sentido, el Ejecutivo propone una reducción del IVA para todo tipo de obra de rehabilitación de vivienda: durante dos años, todas las obras de rehabilitación en las viviendas tendrán un tipo del IVA reducido (8% a partir de 1 de julio). Además, se propone la deducción extraordinaria del IRPF por obras de mejora de la vivienda habitual: los contribuyentes de renta inferior a 33.007,2 euros podrán deducir en el IRPF el 10% de los costes de las obras de rehabilitación de viviendas realizadas hasta 31 de diciembre de 2012 que tengan por objeto la rehabilitación energética, las instalaciones de suministros o la accesibilidad para personas con movilidad reducida, con el límite de 12.000 euros por vivienda.
Otra de las grandes propuestas del Ejecutivo tiene que ver con la liquidez para las pyme. El crédito no ha fluido a pesar del presupuesto destinado para ello a través del ICO (Instituto de Crédito Oficial). En esta diagnosis todo el mundo parace estar de acuerdo. También en el motivo: el ICO 'sólo' asume el 50% de riesgo de cada operación solicitada por las empresas. El resto va a cuenta de las entidades financieras que prestan el dinero. Y éstas no están para valorar a la ligera las peticiones. Se ha producido, así, un cuello de botella. Para solucionarlo, el Gobierno propone que el ICO pueda prestar hasta 200.000 euros por proyecto a pymes y autónomos corriendo con el 100% del riesgo. Además, se quiere aumentar la relación del ICO con las Sociedades de Garantía Recíproca para aquellas operaciones inferiores a 600.000 euros.
Esta medida iría acompañada de la reducción de la morosidad, algo en lo que todos los grupos políticos están de acuerdo. Se trataría de establecer de modo progresivo, para las facturas que se emitan a partir de ahora, un plazo máximo de 30 días para los pagos de las Administraciones Públicas y de 60 días para el pago a las pyme y a los autónomos por parte de las grandes empresas.
El mix energético es otra de las patas que acumula propuestas del Ejecutivo. El Gobierno, en el horizonte 2020, plantea más renovables pero no prevé reducción de la energía nuclear.
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