 División en torno a los 'blindajes' en los consejos
 F. Rodríguez
MADRID. Críticas y prevención. Eso es lo que provoca en los expertos la propuesta del PSOE de prohibir los blindajes de derechos políticos en el capital de las compañías. Dossier Empresarial consulta con Javier García de Enterría, abogado de DLA Piper, Catedrático de Derecho Mercantil y experto en sociedades y mercados financieros.
Cree que «el debate carece de rigor, ya que se están mezclando cuestiones diferenteS como la regulación de los mercados con la limitación del voto -que data de 1950-, con las normativas sobre presencia de dos competidores en una misma sociedad o el veto de la presencia de sociedades públicas extranjeras en las españolas privatizadas de mediados de los años noventa». García de Enterría, cuyo bufete defiende a ACS en su intento de poner en valor su paquete del 20% en Repsol -que tiene limitados los derechos de voto al 10%- opina que los blindajes «no tienen justificación en ningún caso», que son «un refuerzo para los ejecutivos» y que «nunca han impedido una OPA, como demuestra la propia eléctrica, que ha recibido tres ofertas de este tipo».
Este no es el único enfoque de la cuestión, es decir, el técnico, pues la legislación mercantil ha establecido tradicionalmente el derecho democrático de todos los accionistas a través del principio de 'un hombre, un voto'. Según Juan Bolás, ex presidente de AEMEC y del Consejo de los Notariados de la UE, hay otros dos aspectos a tener en cuenta: «El político, ya que en una gran sociedad, sin limitación de los derechos, es muy difícil conseguir el control del capital y la gobernabilidad; y el económico, que es el que ha generado este debate, ya que hay accionistas que tienen paquetes accionariales del 20% cuyo valor bursátil es muy inferior al que debería porque tienen limitados los derechos políticos». En línea con los expertos consultados, Bolás opina que el cambio de la regulación de los blindajes sólo debe afectar a las sociedades cotizadas. «La problemática de las mayorías y las minorías no tienen nada que ver en las empresas cotizadas y en las familiares. En las primeras, existe el interés social por la apelación pública a los accionistas y la obligación de su defensa, mientras en las segundas, estamos hablando de intereses personales, en sociedades que muchas veces tienen uno o pocos propietarios».
Para Fernando Zunzunegui, abogado, consultor especializado en regulación financiera y ex presidente del Grupo de Expertos Financieros de la Comisión Europea, «la propuesta del PSOE implicaría un cambio en las reglas del juego que exige un periodo transitorio claro entre uno y tres años». Zunzunegui reclama un debate amplio y que la reforma se haga, en su caso, a través del título X de las Ley del Mercado de Valores, el que afecta a las cotizadas. «Si hay que solucionar un problema de cotizadas, debe hacerse a través de la normativa de cotizadas», argumenta.
Si hay cambio de la norma sobre derechos políticos, los expertos no esperan variaciones generalizadas en la evolución de las valoraciones bursátiles, al ser pocas las compañías cotizadas con blindajes de capital: Repsol, Iberdrola, Telefónica, Sabadell, Popular, Enagás y Red Eléctrica Española (REE). Francisco Álvarez, presidente de Ética Soluciones Financieras y ex vicepresidente de la Asociaciación Nacional de Analistas Financieros (ANAF), piensa que la resistencia a suprimir los blindajes viene del «miedo a que se favorezca el agrupamiento de los 'superminoritarios', porque, juntos, pueden dejar de serlo». |
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