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 Hablemos de pensiones
Dentro de un clima de evidente preocupación, y no menos desconcierto, en el agitado debate público aparece un nuevo protagonista: las pensiones de jubilación y, en concreto, el retraso de la edad para el reconocimiento del derecho a las mismas. Seguramente la forma de presentar la cuestión, por poco esperada y, según todos los indicios, nada preparada, está contribuyendo a distorsionar los términos de la misma. Por ello, parece importante hacer una llamada a la serenidad y al rigor para establecer un marco de debate serio y democrático sobre un tema que tanto afecta a la sensibilidad –y al futuro- de muchos ciudadanos. Creo que en esta materia podemos partir del reconocimiento, a derecha e izquierda, de la importancia de los sistemas públicos de protección social para cualquier sociedad articulada y, desde luego, para la sociedad española actual. Cualquier manipulación partidaria al respecto poco ayuda a consolidar dichos sistemas. Y nadie, si sabe de lo que habla, lo que no es tan frecuente, puede negar la seria gestión realizada por nuestros responsables de la Seguridad Social en los últimos años, desde luego, los del PP y el propio Secretario de Estado actual. Y eso debería ser un elemento de moderada confianza.
Hoy se plantea el “alargamiento” de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años, y este dato, en sí mismo no demasiado expresivo, sobre todo, en lo que hace a las condiciones y términos del mismo, ha abierto la caja de los truenos de unos y otros, que han conformado una curiosa unanimidad contra el Gobierno.
Decíamos antes que la forma, sorprendente e inesperada de transmitir la decisión del Gobierno, o de su Presidente, no parece la más afortunada. Da la impresión, cuando menos, de que ha cogido por sorpresa a los agentes sociales, a las fuerzas políticas, e incluso a algunos responsables del propio Gobierno. En todo caso, esta –en mi opinión correcta propuesta- encaja con dificultad en el «discurso presidencial» de los últimos meses, cargado de retórica y de un incompresible voluntarismo para las circunstancias actuales.
Pero, como acaso las formas son lo más importante en la política, la preocupación se acentúa cuando uno contempla el grado de oportunismo que tiñe las respuestas que se han dado, especialmente y una vez más, por las fuerzas políticas. Desde la «brillante» creación del término «PENSIONAZO» (nuestra reciente historia denuncia reiteradamente las dificultados de análisis político riguroso que se ocultan detrás de los eslóganes de «decretazo», «pensionazo», etc.) hasta las declaraciones de personalidades representativas de la oposición, según las cuales los que nacieron en un determinado año o empezaron a cotizar en la Seguridad Social cuando la edad de jubilación estaba en los 65 años tienen un especial «derecho adquirido» con relación a esa edad. ¡Qué disparate!, esta muestra de oportunismo y mezquindad que contamina nuestro ámbito de decisiones colectivas en momentos tan complicados como el presente.
Seamos serios y dejémonos de juegos y brillantes ocurrencias. En términos estrictamente técnicos -esto es, desde el saber- plantearse el alargamiento de la edad de jubilación no admite duda alguna, sin perjuicio de los términos y condiciones concretas de este alargamiento. Es una asignatura que hay que aprobar cuanto antes. Con crisis y sin crisis. Y ello es así porque su justificación esencial está en el también alargamiento significativo de la esperanza de vida y en el creciente acortamiento –por la más tardía incorporación al mercado de trabajo- de los años de cotización. Es obvio que en un sistema de reparto, en el que unas generaciones asumen el pago de los compromisos de las anteriores, el planteamiento exige algunos matices, pero está claro que la cantidad de años cotizados hace más soportable el progresivo crecimiento de los años en los que se recibe la prestación. Y cualquiera de nuestros pensionistas, actuales o futuros, entiende esto con claridad.
Quienes apostamos por el fortalecimiento de los sistemas públicos de pensiones tenemos que favorecer formulas de extensión y fortalecimiento de las cotizaciones si queremos eliminar riesgos de futuro, hoy perfectamente abordables con pocos costes sociales, pero difícilmente reparables mañana, si desde la ligereza y el oportunismo, se quieren ignorar. Sentado lo anterior, me parece oportuno decir a nuestros pensionistas que desconfíen de quienes, desde la más inconfensable ignorancia, pretenden movilizarles contra la adopción de medidas, que deben tratarse con urgencia. Que sepan nuestros pensionistas que nuestro sistema de pensiones, desde luego afectado por esta crisis y el endeudamiento público que en su gestión se está generando, sigue mereciendo nuestra confianza. Nuestro sistema de pensiones es fiable. Es preciso estar alerta pero tranquilos. No es previsible que la adopción de medidas, como el alargamiento de la edad de jubilación o de otras que deben también plantearse, haya de suponer por si el deterioro de nuestras pensiones.
Y el camino a seguir para abordar la cuestión está perfectamente señalizado: el Pacto de Toledo suscrito por unanimidad del Congreso de los Diputados el 6 de abril de 1995 y asumido y desarrollado por el Gobierno y los agentes sociales el 9 de octubre de 1996. En este marco pueden y deben ser tratadas las medidas que se entiendan más convenientes para el fortalecimiento de nuestro sistema público. Aquí habrá de abordarse el alargamiento de la edad de jubilación, que puede estar modulado en su aplicación en razón del tipo de actividad desempeñada por el trabajador, los años cotizados e, incluso, los elementos de voluntariedad que pudieran contemplarse (pues no debe olvidarse que somos muchos los que queremos alargar nuestra vida activa más allá de los 65 años).
Estas y otras cuestiones deben tratarse con procedimientos democráticos leales, con la seriedad que los ciudadanos merecen, evitando el oportunismo electoralista, como establece el Pacto de Toledo, y sin falsear ni ignorar que en nuestra sociedad nadie cuestiona la esencia de este componente esencial del Estado Social y Democrático de Derecho que define nuestra Constitución de 1978.
Jaime Montalvo es Catedrático de Trabajo y de la Seguridad Social y ex presidente del Consejo Económico y Social (CES) |
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