|
|
 El Gobierno se enreda con las pensiones
F. Rodríguez/ Gema L. Albendea
MADRID. La intención del Gobierno de reabrir ahora el debate sobre la reforma del sistema de pensiones ha pillado con el pie cambiado a los agentes sociales, que piden medidas urgentes para potenciar la creación de empleo y que los cambios que se hagan en las jubilaciones sean profundos y consensuados -más allá de las propuestas técnicas de alargar la edad de retiro a los 67 años. En cuanto al cómputo para calcular la pensión, actualmente en 15 años, el Gobierno ha rectificado su propuesta de aumentarlo hasta 25 años ante el alud de críticas recibidas.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, ha reconocido que «ha sido un error hacer público el documento cuando sólo era una propuesta».
Javier Quintana, jefe del Servicio de Estudios del Instituto de la Empresa Familiar (IEF) opina que «siempre será buen momento para hablar de las pensiones, porque cuanto más tarde se haga, peor va a ser para el sistema debido a los problemas demográficos y de empleo crecientes». Pero Quintana cree que «aun siendo claro que hay que tocar la edad de jubilación, en el debate hay que meter otros muchos elementos». En este sentido, el IEF está preparando su propia propuesta. «Estamos viendo cómo, de manera integral, metemos este debate dentro del marco de la política económica, porque las pensiones afectan a muchas áreas, de modo que demos con la solución óptima para otros problemas que a lo mejor son más urgentes, como el paro, el déficit público o la competitividad».
Prioridades. En esta línea, Iñigo Sagardoy, socio director de Sagardoy Abogados, opina que abrir ahora el debate sobre las pensiones «cuando hay otras prioridades como la reforma laboral o la flexibilidad no es oportuno, aunque sea necesario». Este experto en el mercado laboral aboga por tocar varios puntos relacionados con el empleo, como un «recorte de las cotizaciones empresariales de dos o tres puntos y una figura nueva de contratación más flexible, que incentiven la creación de puestos de trabajo», además de «actuar sobre otro problema que está aumentando, que es el de la economía sumergida, por ejemplo, facilitando alguna amnistía fiscal o incentivo para la contratación de trabajadores en actividades como el trabajo doméstico o las relacionadas con la Ley de Dependencia, que aflorarían empleo».
Sagardoy pide también un cambio en el actual modelo de negociación colectiva, «para evitar los cuatro o cinco niveles actuales de negociación, primando los convenios sectoriales y dentro de la empresa, lo que haría que las medidas de política económica en marcha se acercaran más a la realidad y tuvieran efecto mucho más rápidamente que hasta ahora». Vicente Sala, consultor de Mercer y vicepresidente del Instituto de Actuarios Españoles, cree que en el fondo del debate subyace «el problema financiero-actuarial de que no hay un equilibrio entre las obligaciones presentes y futuras que comporta el sistema de pensiones», y que «la Seguridad Social tiene un superávit de caja, pero no en el sistema, ya que faltan por contabilizar las provisiones que habría que hacer para cubrir las necesidades futuras, lo que justifica el retraso de la edad de jubilación». Con todo, Sala opina que «lo más importante es crear empleo, que aumente el número de cotizantes» y «equilibrar la segmentación del mercado laboral, unificando los tipos de contratos en dos o tres fórmulas». Este experto apuesta por el foro del Pacto de Toledo para impulsar la reforma, en la medida en que «ya propició cambios en el sistema que se han revelado muy eficaces con el paso del tiempo».
Aunque la inmensa mayoría de los partidos políticos se han mostrado dispuestos a consensuar una reforma del sistema en el seno del Pacto de Toledo, la oposición inicial de los sindicatos a esta propuesta es frontal. De hecho, UGT y CCOO tienen la esperanza de que sea rechazada por la subcomisión del Pacto de Toledo. Para el secretario general de UGT, Cándido Méndez, posponer dos años la edad de jubilación «así planteada y sin matices» no tiene sentido, puesto que supone «un recorte en la cuantía de las pensiones y un edurecimiento de las condiciones de acceso». Desde su punto de vista, habría que darle prioridad a otras medidas, como crear incentivos para que los jóvenes se incorporen mucho antes al mercado de trabajo, o elaborar fórmulas que eviten el despido de los trabajadores mayores de 50 años.
«Si no se modifica el plan, seremos beligerantes», ha dicho Ignacio Fernández Toxo, el secretario de CCOO. En su opinión, la medida de ampliar la edad de jubilación es «totalmente innecesaria», sobre todo teniendo en cuenta que el sistema que ahora impera en nuestro país es «flexible» y permite atrasar o adelantar la jubilación según las necesidades del trabajador. Los representantes de los sindicatos mayoritarios opinan que la actual normativa relativa a las pensiones ya contempla incentivos para todos aquellos que deseen retrasar su jubilación de forma voluntaria, con un aumento de la pensión de un 2% por cada año ampliado, o de un 3% si el trabajador tiene más de 40 años cotizados.
Los autónomos. Para el este gremio, si la propuesta del Gobierno se aceptase tal y como se ha planteado, el problema no se centraría en la edad de jubilación: «Nuestro colectivo suele jubilarse hasta dos y tres años más allá de los 65 para cubrir los periodos mínimos de cotización, así que esta medida nos preocupa bastante menos que a los que trabajan por cuenta ajena», asegura Sebastián Reyna, secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).
«Estamos más pendientes del supuesto cambio de periodo del cómputo para calcular la pensión, puesto que el 83% de los autónomos están cotizando por la base mínima», afirma Reyna, que añade: «La tendencia de éstos ha sido la de aumentar la base de cotización a medida que se han ido acercando a los 50 años, es decir, 15 años antes de su jubilación. Si ahora aumenta a 20 años, por ejemplo, la reducción de la pensión máxima sería muy grave. Para un trabajador del régimen general supondría hasta un 5% menos de su cotización; para un autónomo llegaría hasta el 7%».
una reforma más amplia.En los últimos tiempos han menudeado los informes sobre las pensiones. Como el elaborado por la Comisión para el estudio de los efectos del envejecimiento en el futuro Estado del Bienestar, formada, a expensas de Unespa, por pesos pesados como Rodrigo Rato, Juan Chozas, José Manuel Eguiagaray, José María Fidalgo, Victor Pérez Díaz, Xavier Sala y Martín y Pilar González de Frutos. «La sociedad española necesita llevar a cabo un debate y poner en marcha una serie de reformas sobre su Estado de Bienestar si quiere evitar su crisis en 15 años».
 Hablemos de pensiones
Envejecimiento y jubilación |
|
15:37